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Desde la anulación de las leyes del perdón, condenaron a 1.025 personas por crímenes de lesa humanidad

El Ministerio Público Fiscal difundió, a 45 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que revela que hasta el momento 1.025 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad desde 2006.

Según datos de la Procuraduría, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, fueron 254 las causas que obtuvieron sentencia desde que se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hace quince años.

En esas 254 causas ya cerradas fueron condenadas 1.025 personas, mientras que otras 165 resultaron absueltas. A la vez, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 que fueron sobreseídas y 169 con falta de mérito, es decir, con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que se espera resolución en relación a su mérito. En tanto que todavía hay prófugos: son 29.

Además, se informó que a lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se les dictara sentencia.

Desde 2006 se investigó a 3.490 personas por delitos de lesa humanidad relacionados a la última dictadura militar. Gráfico Ministerio Público Fiscal.

Desde 2006 se investigó a 3.490 personas por delitos de lesa humanidad relacionados a la última dictadura militar. Gráfico Ministerio Público Fiscal.

A su vez, el organismo difundió que en total son 626 las causas en todo el país en las que se investigaron o se investigan los delitos de terrorismo de Estado. De ese total, además de las 254 que ya tuvieron sentencia, hay 278 que se encuentran en etapa de instrucción, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso. Es decir, son 372 las causas aún abiertas.

De esos procesos que aún no concluyeron, el organismo encargado de articular con los representantes del Ministerio Público Fiscal la persecución penal en estos casos, puso de relieve que entre febrero y marzo de 2021 se iniciaron los debates de cinco de ellos, y que para abril se espera el inicio de otro. En 2020 se habían iniciado otros nueve juicios. 

Ese avance se da aún en una época difícil para los procesos judiciales debido a la emergencia sanitaria. Pese a eso, según el informe difundido en el sitio Fiscales.gob.ar, de los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite.

Además, de los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y en uno ya se arribó a sentencia. La agenda de los juicios en curso y programados, con actualizaciones diarias, puede consultarse a través de la página del Ministerio Público Fiscal.

Hay 29 prófugos en las causas por crímenes de lesa humanidad iniciadas desde 2006. Gráfico Ministerio Público Fiscal.

Hay 29 prófugos en las causas por crímenes de lesa humanidad iniciadas desde 2006. Gráfico Ministerio Público Fiscal.

La estadística de todos esos procesos muestra también que 3.490 personas fueron investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1.661 —un 47% del total— que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 —un 25%— se encuentran detenidas: de ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio, beneficio que predomina desde 2016.

Por otro lado, la Procuraduría informó que el tiempo que insume la tramitación de estas causas es en promedio de cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.

Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.

LGP

Fuente: Clarín

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