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Recursos de convenio entre la Policía y TransMilenio terminaron gastándose en instrumentos musicales y trajes de mariachi

Policía de Colombia. Foto: Archivo AFP.
Policía de Colombia. Foto: Archivo AFP.

La Veeduría Distrital remitió este miércoles una investigación a la Procuraduría General de la Nación sobre un convenio en el que se habrían presentado presuntas ineficiencias entre la empresa de transporte masivo de Bogotá, ‘TransMilenio’, y el Fondo Rotatorio de la Policía nacional.

En esta investigación, que fue enviada al inspector General de la Policía Nacional, mayor Jorge Luis Ramírez, se evidenciaron gastos en la ejecución destinados a vestidos de mariachi, instrumentos musicales, un gimnasio y muebles sin relación con el objetivo del convenio.

Así lo indicó el ente veedor, que aseguró que acaba de cerrar esta investigación en la que se presume se habrían presentado posibles irregularidades administrativas en el convenio interadministrativo de Cooperación 613 de 09 de julio de 2019.

“Encontramos que, más que participar en un convenio para mejorar la seguridad en ‘TransMilenio’, el Fondo Rotatorio de la Policía habría destinado recursos para dotar instalaciones, o atender a los uniformados. Todo esto escapando a la supervisión de TransMilenio : ¿qué tiene que ver la adquisición de un gimnasio para la Mebog, con la convivencia en el transporte masivo”, manifestó el veedor, Guillermo Rivera.

Dentro de la investigación, la Veeduría estableció que este convenio no fue supervisado de forma adecuada, advirtiendo debilidades en este proceso, así como en los controles sobre los gastos que corresponden al ordenador.

Estos serían los gastos que no tendrían relación contractual en el convenio entre la Policía y TransMilenio. Foto: Veeduría Distrital.
Estos serían los gastos que no tendrían relación contractual en el convenio entre la Policía y TransMilenio. Foto: Veeduría Distrital.

En ese sentido, el organismo veedor señaló que, no se encontró un acta del comité de coordinación en el que fueron aprobados los planes de necesidades del convenio y no se hallaron los errores en los informes de supervisión.

“Se evidenciaron gastos con cargo al convenio, que si bien pueden tener justificación en el accionar de la Policía Nacional, no tienen relación directa o con ocasión del desarrollo del objeto contractual, como es el caso de la compra de elementos como “Instrumentos Musicales y atuendos Mebog, vestidos mariachi”, aseguró la Veeduría.

Por este motivo, se envió esta investigación a la Procuraduría que tiene competencias sobre el Fondo Rotatorio de la Policía, y copias a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital para que establezcan las conductas que se consideren pertinentes.

A su vez, a la gerencia de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio ‘TransMilenio0 se le formularon recomendaciones de tipo administrativo con la intención de mejorar estos procesos cuando se establecen convenios.

Miembros de la Policía son vistos adelante de un graffiti de Javier Ordóñez, el hombre que murió por el uso excesivo de fuerza policial. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Miembros de la Policía son vistos adelante de un graffiti de Javier Ordóñez, el hombre que murió por el uso excesivo de fuerza policial. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Se trata del suboficial retirado de la Policía Nacional Farley Antonio Grajales Quiroz, a quien le fue dictaminada, el pasado 5 de marzo, una condena de cinco años y cinco meses de prisión, acusado de cometer los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.

De acuerdo con lo recopilado en una investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, entre el 30 junio de 2017 y el 15 de febrero de 2018, Grajales Quiroz junto a otros policías, capturaron en flagrancia a dos expendedores de plazas de vicio del centro de Medellín en posesión de considerables dosis de narcóticos, quienes no fueron puestos a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Por el contrario, los miembros de la fuerza pública llevaron a cabo un proceso indebido, pues la Fiscalía estableció que los dos hombres que se dedicaban al expendio de estupefacientes fueron conducidos hasta algunas estaciones de policía del sector donde les exigieron sumas de dinero que oscilaban entre los 3 y los 5 millones de pesos, para que de ese modo no fuesen judicializados y quedaran en libertad como si nada hubiera ocurrido.

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Fuente: Infobae

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