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Una ley busca condicionar la pauta oficial a los medios que acrediten “equidad de género”

El kirchnerismo pretende sancionar este jueves el proyecto de Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación, que tiene media sanción del Senado y cuenta con el impulso de las diputadas Gisella Marziotta y Mónica Macha (Frente de Todos).

Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley es su artículo octavo, que vincula la “preferencia” en la distribución de la publicidad oficial a los medios de comunicación con la obtención de un certificado del Gobierno que acredite el cumplimiento de cuatro variables, sobre siete propuestas, entre las que figuran la promoción del uso del lenguaje inclusivo, la implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y la disposición de salas de lactancia o de centros de cuidado infantil, entre otras.

La diputada radical Karina Banfi (Juntos por el Cambio) planteó a Clarín la necesidad de reformular este proyecto, ya que así como está redactado “condiciona las oportunidades de las mujeres a otro derecho como la libertad de prensa”.

“Ahí hay un error legislativo. Estamos a tiempo de arreglar esto y evitar la colisión de dos derechos. Y si no será imposible de aplicar”, aseguró la diputada Banfi, secretaria de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

Por el contrario, la diputada Marziotta defendió la posibilidad de sancionar este proyecto de ley, para que haya equidad de género en los medios de comunicación. “Me da mucha pena que terminemos debatiendo algo que no está en el espíritu del proyecto”, se lamentó Marziotta, en diálogo con Radio Mitre.

La diputada Marziotta, que además es coordinadora de las radios del Grupo Octubre, que encabeza el gremialista Víctor Santa María, agregó: “No hay en el espíritu ni en ningún artículo de la ley que a ningún medio se le vaya a sacar absolutamente nada” de la publicidad oficial.

Es que uno de los 15 artículos que tiene el proyecto de ley establece un criterio de preferencia para distribuir la pauta oficial: “Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos establecidos por la normativa vigente en la materia”.

Ese certificado será entregado a los medios por un organismo que creará el Gobierno, donde deberán registrarse todos los medios de comunicación y acreditar al menos el cumplimiento de cuatro de los siguientes requisitos: promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación; implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria; disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil.

También se plantean como requisitos los procesos de selección de personal basados en la equidad de género; políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual; la implementación de protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género; y acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras.

Más allá de ese aspecto, sobre la distribución de la publicidad oficial, el proyecto de ley establece que todos los medios tendrán que promover la equidad en la representación de los géneros entre su personal, contratar “personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal”. 

Además, de aprobarse este proyecto de ley, el Gobierno de Alberto Fernández creará una Autoridad de Aplicación que controlará la distribución equitativa de tareas y funciones en todos los medios de comunicación, promoverá el uso del lenguaje inclusivo, impulsará acciones para prevenir la violencia simbólica y mediática y aplicará un régimen de sanciones para los medios que incumplan con lo establecido en este proyecto.  

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Fuente: Clarín

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