Esta semana se reveló que Verónica Alcocer, primera dama, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), solicitaron cambios en sus esquemas de seguridad.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodríguez, afirmó que los cambios fueron puntuales. No obstante, investigaciones apuntan a una remoción de más de treinta escoltas.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explicó a El Colombiano que los escoltas despedidos fueron asignados a otras empresas contratistas, según las necesidades de la UNP. Añadió que estos cambios fueron solicitados por la Jefatura para la Protección Presidencial. Según Rodríguez, los cambios solicitados por Alcocer y Sarabia se realizaron conforme a la ley y respetando todos los procedimientos.
Los escoltas afectados afirmaron al medio El Colombiano que no fueron rotados, sino despedidos, y algunos presentaron quejas ante la Procuraduría, aunque prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.
Aunque es común realizar cambios periódicos en los esquemas de protección, no es habitual que se presenten denuncias formales por presunta extralimitación de funciones, como ocurrió en este caso con tres servidores públicos encargados de la seguridad presidencial, entre ellos el coronel Carlos Alberto Feria.
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Algunos escoltas afectados revelaron que debieron crear un fondo colectivo para cubrir gastos de viaje y mantenimiento de vehículos oficiales, gastos que no les correspondían. También mencionaron que al ser contratistas tercerizados, sus condiciones laborales eran precarias.
La tensión se incrementó con las acusaciones de supuestas interceptaciones ilegales a magistrados, opositores y periodistas. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez dijo que su teléfono estaba siendo interceptado ilegalmente, lo cual aumentó la preocupación.
Fuente: Infobae
